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Enviado por ticdev el

Comunicado municipal ante las acusaciones en relación a los derechos laborales de la Policía Local

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El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, ante las acusaciones recogidas en un medio de comunicación en relación a los derechos laborales de la Policía Local, quiere informar:

  • Que existe un acuerdo vigente hasta el próximo 31 de diciembre, firmado por Ayuntamiento y sindicatos durante la pandemia. Este acuerdo recoge, de manera excepcional por la naturaleza extraordinaria de la situación y a petición de los propios sindicatos, la jornada laboral de 12 horas para los agentes de la Policía Local únicamente para 2021. La puesta en marcha de esta excepcionalidad fue a causa de la crisis sanitaria por COVID-19, con el fin de crear grupos burbuja de trabajadores que disminuyeran el riesgo de contagios.

  • Que una vez termine este año 2021 debe realizarse la jornada ordinaria de 8 horas para evitar que los sobreesfuerzos realizados por los agentes durante jornadas laborales de 12 horas puedan repercutir negativamente en la calidad del servicio público prestado por los mismos.

Esto podría tener lugar ya que, tal y como se señala en un estudio elaborado por UGT, “el sistema 2x12 se desaconseja cuando la carga física o mental del trabajo es muy grande”, como se tiene en consideración a las personas que dispensan el servicio de seguridad ciudadana, además de como portadoras de armas.

Dicho sindicato, y en relación a las jornadas de 12 horas, también recoge en otro informe “la evidencia del impacto negativo sobre la salud de las personas”.

  • Que se considera que es un absoluto desprecio a toda la ciudadanía de Las Torres de Cotillas que agentes condecorados por su desempeño durante la pandemia hayan participado en una puesta en escena tirando sus medallas a la basura, ya que es una distinción que el pueblo torreño realizó con todo su cariño y sentimiento.

Para concluir, incidir en que el equipo de Gobierno municipal de Las Torres de Cotillas está abierto a todo tipo de negociación, pero nunca a la imposición de intereses personales que se antepongan a la calidad del servicio público a todos los ciudadanos.